Los delincuentes han ‘descubierto’ una forma de chantaje para confundir. Muchas veces, cuando son arrestados por las autoridades sobre la base de investigaciones y/o delitos cometidos comprobados, amenazan –casi siempre por vía sus abogados y/o de familiares- con acceder a medios de comunicación para denunciar supuestos abusos contra sus derechos y muchas veces logran que sus denuncias sean difundidas por todo lo alto.

Lo que digo lo observo a diario, y por eso he decidido hoy plasmarlo en este comentario.

Pero lo grave del caso es que los medios recogen las denuncias, con todo el derecho que les asiste, pero no así la versión de las instituciones actúan contra el infractor de la ley.

Deberían hacerlo para que completen sus historias.

Eso se repite a diario.

Y no es que quiera el suscrito dar lecciones de cómo hacer periodismo, porque a lo mejor carece de nivel para eso, pero lo prudente sería escuchar todas las campanas para no provocar ruidos en el lector, en el  oyente o en el televidente, abarcando de este modo todos los ‘mass media’, como dirían los teóricos.

A cualquier individuo -muchas veces reincidente en delinquir, robar o vender drogas- se le ocurre decir que algún miembro de la autoridad (Fiscalía, DNCD, Policía, DNI,  J-2, G-2, etc.) le ha cogido con él y alega que “no me dejan quieto”. Eso es llevado a los medios y se le da carácter de certeza, comenzando con enlodar al persecutor.

Y eso no está bien.

Hay ejemplos de sobra. En el caso de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD -institución por la que puedo hablar- esa situación siempre se presenta. A un sujeto que ha sido apresado en múltiples ocasiones le sale de los forros decir que “me meten preso porque no quiero dar mi dinero” y eso lo creen en los medios, y lo difunden.

Hace poco lo hizo un confeso narcotraficante de droga de San Francisco de Macorís y su versión fue difundida a todo pulmón. Por suerte a la DNCD se le permitió emitir su parecer, pero de todos modos, el lodo fue vertido.

Un caso reciente, por ejemplo, es el de un jefe de punto de droga de Boca Chica quien se destapó con que la DNCD procura hacerle daño y que por eso sus familiares acudieron a los medios para denunciar su caso, procurando esconder que se trata de un delincuente reconocido en su jurisdicción. Fue apresado en un allanamiento que dirigió un fiscal adjunto de la Provincia Santo Domingo, pero sus parientes de este individuo alegan, de manera irresponsable, que la DNCD quiere hacerle daño. Y así fue recogida la infundada versión por algunos medios de comunicación, aunque al sujeto les fueron ocupadas gran cantidad de porciones de cocaína y de marihuana. De modo que no estamos frente a un dirigente comunitario que se preocupa por ayudar a sus vecinos a solucionar los problemas del barrio. Se trata de un vendedor de estupefacientes que donde debe estar en encarcelado.

Repito que la pretensión del suscrito no es dar clases de cómo deben ejercer su oficio los reporteros, pero mucho de cómo dirigir un medio. La idea es, en caso de que los ejecutivos lo entiendan pertinente,  que sean escuchadas todas las campanas. Y como soy reportero, lo que no dejaré de ser jamás, me permito hacer la sugerencia.

Esto lo escribo sin desconocer o desmeritar el derecho que tienen los ciudadanos de acudir al derecho de expresión y difusión del pensamiento.

Pero eso de denunciar supuestos maltratos y persecución, cuando estamos frente a delincuentes probados, no es más que un puro chantaje, sin pretender hacer creer que las instituciones están integradas por santos.

Por Roberto Lebrón

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